Desafíos futuros de la Asignación Universal por Hijo
La proximidad de las elecciones presidenciales han profundizando las discusiones sobre “cambios y continuidades” en la campaña electoral. En este sentido, los tres principales candidatos que lideran las encuestas se han ubicado dentro de esta lógica para diferenciarse de sus adversarios. Esta estrategia, habitual en toda campaña política pero visiblemente presente en la actual debido a la paridad entre los candidatos, busca muchas veces sintetizar la plataforma política en términos de “cambios” o “continuidades” en relación a la actual gestión.
Son pocas las políticas públicas para las cuales existe realmente un consenso generalizado, en donde nadie discute o pone en duda su continuidad. La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de esos casos atípicos. No importa el color político, diferencias partidarias o ideológicas, el fuerte apoyo social que el programa ha sabido cosechar desde su creación, ha llevado a que todos los candidatos afirmen enfáticamente que el programa continuaría bajo su eventual mandato.
Que exista este consenso en un programa que ha demostrado resultados positivos es una buena noticia. Otros programas de la región de similares características ya han pasado por esta situación y han logrado perdurar a pesar de los cambios de gobierno y de partido gobernante. Tal es el caso de México, país pionero en la implementación de programas de transferencias monetarias en Latinoamérica, en donde ininterrumpidamente desde 1997 se desarrolla el Programa Prospera. Si bien ha sufrido modificaciones –ha cambiado de nombre reiteradas veces por ejemplo– la esencia del programa es la misma desde sus orígenes.
Esta situación fortalece a las políticas públicas que se logran por consenso y se piensan a largo plazo, constituyéndose en la práctica como políticas de Estado. Ahora bien, permanencia no significa que los programas no puedan ser mejorados para adaptarse a nuevas realidades y potenciar sus efectos positivos. La lógica aquí no es demoler para construir de nuevo, como muchas veces estamos acostumbrados a ver, sino contrariamente, seguir edificando sobre lo ya construido.
En el caso específico de la AUH en Argentina, como se mencionó anteriormente, parecería haber consenso sobre su continuidad futura, situación que fortalece al programa y le otorga una importante proyección futura. Por este motivo este puede ser un momento propicio para plantear algunos desafíos que el programa tiene por delante. Con el propósito de fomentar las discusiones sobre esta temática, señalo aquí algunos elementos entre otros que podrían analizarse para el futuro próximo del programa.
En primer lugar, trabajar para lograr la institucionalización plena de la AUH. Si bien su aval social le otorga una institucionalización de facto, sería recomendable otorgarle un marco jurídico adecuado. En la actualidad, legalmente la AUH se encuentra emplazada como una normativa dentro de la de ley de Asignaciones Familiares. La institucionalización del programa ayudaría a generar un marco legal que lo proteja y lo consolide como un derecho ciudadano.
Otro punto importante en toda política pública es contar con información precisa para realizar análisis, evaluaciones y estudios de impacto. Actualmente, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), principal fuente de información estadística para conocer datos socio-laborales de la población, no indaga de forma directa si el hogar encuestado es perceptor de la AUH. Por esta razón, la mayoría de las investigaciones deben recurrir a otras preguntas para poder saber indirectamente si en ese hogar se percibe o no el beneficio, situación que dificulta su análisis. Sería recomendable la incorporación de un módulo específico para la AUH dentro de la Encuesta de Hogares para poder analizar la evolución del programa así como realizar cruces con otras variables socio-laborales de interés. En el pasado esta estrategia se había utilizado para el Plan Jefes y Jefas de Hogar por ejemplo, que contaba con un módulo propio. La cantidad de beneficiarios de la AUH amerita que el mismo cuente con datos periódicos.
Otra discusión pendiente es la referida a la universalización plena del programa. En la actualidad, la cobertura para los menores de edad en Argentina se da mediante tres vías diferenciadas. Los trabajadores en relación de dependencia registrados (“en blanco”) reciben asignaciones familiares, los trabajadores no registrados (“en negro”) o desocupados perciben la AUH y por último, los trabajadores asalariados y autónomos de ingresos alcanzados por el impuesto a las ganancias pueden deducir parte del impuesto en concepto de hijos menores de edad a su cargo. Con este criterio todos los menores de edad de Argentina deberían estar cubiertos por alguno de los tres sistemas, dependiendo el tipo de inserción laboral e ingresos de sus padres. La AUH es en definitiva una equiparación de derechos que antes sólo estaban disponibles para los trabajadores registrados. Sin embargo, en este esquema el grupo poblacional conformado por los trabajadores monotributistas no se encuentra incluido. Es decir, que los hijos de padres inscriptos al monotributo no reciben ningún tipo de beneficio. Sería importante revertir esta situación, comenzando por los monotributistas de menores ingresos, para poder alcanzar la universalización del programa.
Por último, la AUH debería integrarse con otros programas que ayuden a potenciar sus efectos positivos. Si bien se está trabajando en algunos de estos aspectos, se debería profundizar su complementariedad con diversos programas, servicios y políticas públicas. Podríamos delimitar dos tipos de estrategias complementarias para integrar a la AUH: por un lado, políticas que contribuyan a la finalización de la escuela secundaria para los menores de edad y por el otro, programas que incentiven y faciliten la inserción laboral de los adultos del hogar, principalmente las mujeres. En relación al último punto, fomentar la construcción de centros de primera infancia y unidades de capacitación laboral son dos ejemplos de programas complementarios a la AUH que ayudarían en este sentido.
En resumen, es importante pensar en políticas a largo plazo, que perduren a través del tiempo y se institucionalicen como derechos ciudadanos universales y no como simples programas pasajeros. En nuestro país los vaivenes políticos y económicos muchas veces atentan contra la implementación de programas de amplio alcance y larga duración. Sin embargo, existen ejemplos de políticas que se han institucionalizado, constituyéndose como derechos ciudadanos indeclinables: la salud y educación gratuita son dos claros ejemplos de ello. La Asignación Universal por Hijo camina rumbo a formar parte de este grupo. Esta situación permite diagramar estrategias a mediano y largo plazo para seguir mejorando su funcionamiento, cobertura e interrelación con otras políticas públicas.